El Ministerio del Trabajo dio a conocer un proyecto de decreto que propone prevenir, constatar y sancionar la tercerización e intermediación laboral ilegal en Colombia.  

La norma definiría conceptos clave como tercerización laboral, intermediación laboral y sus modalidades ilegales, estableciendo que se considerará ilegal cuando el contratista carezca de estructura productiva propia o cuando los trabajadores permanezcan subordinados a la empresa beneficiaria. Asimismo, se incorporaría una presunción reforzada de laboralidad para las actividades permanentes ejecutadas mediante terceros, lo que implicaría la existencia de contrato directo con la empresa usuaria.

El proyecto contempla criterios objetivos para identificar prácticas ilegales, incluyendo la falta de autonomía técnica, administrativa o financiera del contratista, la ausencia de medios de producción propios, la gestión algorítmica ejercida por la empresa beneficiaria y la subordinación efectiva de los trabajadores. Además, se especificarían indicios para cooperativas, precooperativas y contratos sindicales, evitando su uso como mecanismos de suministro de personal en actividades permanentes.